Si la reforma de la ley de inteligencia
se aprueba sin más cambios, hay enormes posibilidades de que los casi
2500 millones de pesos anuales que manejan hoy los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional sigan en la oscuridad, sin ningún tipo de control efectivo.
El
pronóstico se sostiene en el fracaso del sistema de control vigente,
reconocido por todas las fuerzas políticas, y en las escasas
modificaciones previstas en el texto del proyecto oficial. Esos cambios
son considerados "insuficientes" por la oposición y por las ONG que
trabajan en el tema, como el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), insospechada de operar contra la Casa Rosada.
Si los
defectos de la iniciativa no son enmendados antes de que se convierta en
ley, o por medio del decreto reglamentario, se consolidará una deuda
del sistema democrático y, en especial, una asumida por el propio
kirchnerismo ante los familiares de las víctimas del atentado contra la
AMIA.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner reconoció ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del
Estado por la impunidad del atentado y se comprometió a transparentar el
uso de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
De esas arcas habían salido los US$ 400.000 que recibió Carlos Telleldín
para desviar la investigación del ataque.