#Argentina Los $ 2500 millones que se destinan a Inteligencia seguirán sin control

Si la reforma de la ley de inteligencia se aprueba sin más cambios, hay enormes posibilidades de que los casi 2500 millones de pesos anuales que manejan hoy los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional sigan en la oscuridad, sin ningún tipo de control efectivo.
El pronóstico se sostiene en el fracaso del sistema de control vigente, reconocido por todas las fuerzas políticas, y en las escasas modificaciones previstas en el texto del proyecto oficial. Esos cambios son considerados "insuficientes" por la oposición y por las ONG que trabajan en el tema, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), insospechada de operar contra la Casa Rosada.
Si los defectos de la iniciativa no son enmendados antes de que se convierta en ley, o por medio del decreto reglamentario, se consolidará una deuda del sistema democrático y, en especial, una asumida por el propio kirchnerismo ante los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del Estado por la impunidad del atentado y se comprometió a transparentar el uso de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). De esas arcas habían salido los US$ 400.000 que recibió Carlos Telleldín para desviar la investigación del ataque.

De acuerdo con el dictamen que tratará el Senado el jueves, el control de los gastos seguirá a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, un cuerpo de comprobada ineficacia. En el proyecto sólo se agrega un párrafo que, de manera genérica, indica que "con la finalidad de la mayor transparencia en la utilización de los fondos se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista". Único cuerpo previsto en la ley para controlar los gastos del Sistema de Inteligencia Nacional, la comisión sólo se reunió dos veces en 2014, en línea con la semiparálisis que experimenta desde que empezó a funcionar, en 2002.
Además de los fondos de la SIDE, la bicameral controla los recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, hoy en la órbita del Ministerio de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, en el Ministerio de Defensa. Para este año, los tres organismos tienen, respectivamente, un presupuesto de $ 809 millones, $ 773 millones y $ 837 millones, lo que da un total de $ 2419 millones. Es una caja negra que los gobiernos usaron y podrían seguir usando a discreción.
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